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Subsidios: alivio y preocupación

No es la primera vez que lo hace, pero es im­portante que lo mencione; la Presidenta de la Nación recordó que hay provincias, como Corrientes, que aún no tienen gas natural. El ejemplo -que no es menor- sirvió para justificar la medida recientemente adoptada por el Gobierno cen­tral de reformular el esquema de subsidios para servi­cios básicos como el agua y el gas. La decisión oficial de recortar el beneficio “para los que más tienen” no afecta a los correntinos ni a los pobladores de la región NEA. Ciertamente se trata de un detalle alentador -para los consumidores de esta parte del país- en el contexto de una noticia escasa­mente auspiciosa para la mayoría de la población. No es la única sensación de ambigüedad.
Por lo pronto, el dato que toca de cerca -y que interesa- a Co­rrientes fue expuesto por Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner al hablar de la baja de los subsi­dios. Según resaltó, la medida guarda un sentido de equidad con aquellas provincias y localidades que “aún no tienen gas como en Corrientes, Formosa, el norte de Santa Fe, Chaco y Misiones”.
En su mensaje al Congreso de la Nación, la jefa de Estado ya había señalado que el Nordeste no cuenta con gas natural. Este viernes lo repitió. En su cuenta de Facebook recordó que los subsidios se establecieron en 2003 para compensar el desfasaje entre salarios y tarifas y sostuvo que la reducción actual de ese be­neficio se basa en que “aquellos que han logrado una mejor posición económica” durante la última década hoy “puedan pagarlo”. Ergo: la década ganada no llegó a estos lares.
Puede que el silogismo sea tachado de imperfecto, pero según se desprende de la explicación que dio CFK: los subsidios a los servicios no se reducen en Corrientes y la región porque los usuarios no están en condiciones de pagarlos. ¿O la tarifa está despropor­cionada o la gente no tiene bolsillo para afrontar una mínima exigencia? Como sea, la reducción de los sub­sidios no llega a estas costas, pero la realidad de fondo no deja de provocar comezón.
El cuadro apuntala una contrariedad, entre el alivio (por no tener una carga extra) y la preocupación (de sa­berse desvalido). No hacía falta que la Presidenta lo diga, pero su fundamentación es una certificación de pobreza.
La contramarcha -parcial- sobre los subsidios es también motivo de contrariedad ya que constituye una medida necesaria que llega demasiado tarde. Ten­drá un costo, alimentando el malhumor social.
No obstante, la Casa Rosada parece decidida a fre­nar la sangría de reservas recortando subsidios y aspi­rando cuanto peso esté dando vueltas vía colocación de deuda, para tratar de evitar que esos fondos se vuelquen al dólar.
La historia de cómo se llegó a este punto se remonta a 2007, me­ses antes de que Cristina Fernán­dez ganara las elecciones para su­ceder a su marido, Néstor Kirchner. En aquel entonces el ministro Ro­berto Lavagna había recomendado arrancar con el recorte de subsidios en cuanto la economía se empezó a encarrilar, pero el kirchnerismo se negó, porque esas subvenciones se traducían en votos. A partir de ese año en que se intervino el Indec comenzó un largo derrotero de la economía, sostenida en forma artificial a partir del fes­tival de subsidios que no diferenció entre destinar su­mas millonarias a las familias pobres y financiar un apa­rato de propaganda enquistado en el Fútbol para Todos.
Un lustro después el Gobierno vuelve a ese punto de partida que significó la advertencia de Lavagna, pero el escenario ya no es el mismo. A partir de 2011 se empezó a acelerar la salida de capitales, en medio de la desconfianza sobre el futuro de la Argentina por parte de los inversores externos y el mercado. Cuando se aplicó el cepo cambiario, el Banco Central tenía re­servas por 47.523 millones de dólares. Hoy, dos años después, atesora apenas 27.000 millones.
Ahora, con el camino de recortes de subsidios (que se extendería a la energía eléctrica), el inicio de la re­negociación de deuda con el Club de París y otra me­didas para colocar deuda tras el default de 2001, el Gobierno vuelve a la ortodoxia económica, aunque se niegue a reconocerlo.

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