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Exigua renta agrícola

El Estado se lleva el 75% de la renta agrícola en un contexto en el que la presión fiscal sobre el campo nunca tuvo el énfasis actual.
El índice proviene de la Fundación Agro­pecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada), una entidad con sede en Río Cuarto, Córdoba, que dio a conocer ese número: de cada 100 pesos de renta que produce una hectárea promedio en la Argentina, el Estado percibe 75 pesos que se transforman en recau­dación fiscal efectiva.
En medio de la difusión de esta estimación priva­da, trascendió que Gustavo Grobocopatel, CEO del grupo Los Grobo, afirmó que “el próximo gobierno va a tener que adoptar una política hacia el agro diferente de la actual y tendrá que mejorar la relación con el campo”.
Es así porque el índice de la Fada demuestra la falta de en­tendimiento entre el Gobierno y el agro, que surge de la sumatoria de los impuestos nacionales, pro­vinciales y costos de interven­ción del mercado, sobre la renta de una hectárea de uso agrícola representativa promedio a nivel nacional.
Pero Ernesto Ambrosetti, economista jefe de la So­ciedad Rural Argentina, dijo que el promedio sube, por ejemplo, en una provincia como Entre Ríos, donde la presión fiscal es del 85 por ciento.
“Es debido al aumento del impuesto inmobiliario rural y la reimposición de ingresos brutos que llega al 1 por ciento, pero antes no había éste, era cero por ciento”, aclaró.
Para el economista de la SRA, con este nivel de pre­sión impositiva, las empresas aumentan sus riesgos ante adversidades climáticas y de mercado ya que la renta es muy exigua o muy baja y ante cualquier pro­blema climático o caída de los precios en el mercado afloran los quebrantos como ocurre en la actividad tambera últimamente.
“Esta situación es peor aún en las economías re­gionales como en el NOA y NEA”, donde los centros productivos están más alejados de los puertos y de los grandes puntos de consumo.
Para Ambrosetti, “hoy en día se requiere revertir esta situación a fin de impulsar la producción e incen­tivar la inversión tecnológica” mientras que Groboco­patel opina que el agro argentino está en condiciones de agregar valor a sus productos, pero cree que eso no se logra en el corto plazo.
Un caso emblemático de la tensión que recorre el agro es el trigo, cuando el almanaque desgrana los pocos meses que faltan para que empiece la próxima campaña y no están dadas las condiciones para am­pliar la reducida superficie de siembra.
Ocurre, según Ambrosetti, que no han cambiado las condiciones de la política, falta transparencia en el mercado con la pérdida de competencia frente a los diferen­tes factores: “trabando las expor­taciones, difícilmente la Argenti­na mejore el área sembrada por el alto riesgo que significa sembrar y cosechar el trigo”.
En definitiva, según el econo­mista, hoy la presión fiscal que so­porta el sector agropecuario es la más alta de la historia “restándole competitividad y capacidad de in­versión para mejorar la productividad”.
Grobocopatel mientras tanto insiste: hay que incen­tivar el espíritu emprendedor en el país. Sin embargo, conspiran los altos costos de los insumos o como en el caso de la vitivinicultura, la caída del 23 por ciento en las exportaciones del sector vitivinícola y el bajo precio pagado al productor, congelado desde hace dos años, generan tensiones y hasta motivaron la huelga de los obreros de las viñas.
En diálogo con NA, Carlos Iannizzotto, vicepre­sidente de Coninagro y directivo de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (FeCoVi­tA), confirmó el “crítico panorama” desde Mendoza, aunque buscan soluciones con el gobierno provin­cial.
El gran motor económico de Argentina está en cri­sis. Y los principales actores del sector advierten la realidad de cara a los tiempos electorales fuertes que se avecinan en el país.

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